Muertes se elevan a 26 y presumen que hayan más

Según cifras dadas por las autoridades del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, el número de personas fallecidas por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA) se eleva a 26 y el de hospitalizados a 40, 24 de ellos en estado crítico.

El ministro de Salud, Camilo Alleyne, anunció la puesta en marcha de un plan de reacción y el inicio de una campaña masiva para recoger los 20 mil frascos de medicamentos alterados con dietilene glycol que aún circulan en las calles.

El infectólogo Dr. Nestor Sosa señaló que aunque los funcionarios de la CSS hacen "todo lo humanamente posible por recuperar a los pacientes afectados, muchos de estos "pudieran tener un desenlace fatal".

Durante la conferencia de prensa de ola noche de ayer miércoles, las autoridades de Salud defendieron el proceso de licitación realizado para la adquisición del insumo y la preparación de las medicinas en el laboratorio de la CSS. No obstante, se ha informado que el insumo adquirido para preparar el jarabe sin azúcar tenía como fecha de expiración  el año 2004, pero que la misma fue alterada y cambiada a 2007. 

Presuntos implicados rindieron indagatoria
Marcos Murillo , Alejandro de la Cruz y Josefa de la Cruz, tres de los cinco dignatarios de la empresa Grupo Comercial Medicom S.A. rindieron anoche indagatoria Fiscalía Auxiliar. Se les formularon cargos por el delito contra la seguridad colectiva y se les aplicó la medida cautelar de prohibición de salida del país. 

De acuerdo con declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, se trata de una empresa de "papel" que fungió como intermediaria de la Caja de Seguro Social (CSS) para la compra del tóxico con el que se fabricaron los fármacos relacionados con el síndrome letal. Informó que esta empresa "era una fachada", pues no tenía domicilio físico ni registro para comercialización. Los implicados se enfrentarían a penas de entre ocho y 12 años de prisión.

También indicó que la compra del insumo se realizó en España en junio de 2003, por lo que ha solicitado asistencia judicial a ese país para obtener información de la empresa que actuó como proveedor, sus propietarios y representantes legales.