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SPOG y APLAFA exhortan a la acción temprana para no vulnerar derechos de atención de niñas y mujeres panameñas

  • Publicado en Adultos
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La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA), haciéndose eco de la noticia que circula en las redes sociales sobre el embarazo en una niña de 10 años, ven con preocupación como el embarazo en adolescentes continúa siendo un problema de salud pública en el país y cada vez a edades más tempranas, lo que de manera directa afecta la salud integral de las niñas, e indirecta, a su grupo familiar y a la sociedad.

Asimismo, consideran que la inacción, por parte de la sociedad, autoridades y todos los sectores involucrados en la atención de estas niñas y mujeres, sin importar su edad, vulnera y limita los derechos a recibir atención con calidad y a tiempo, permitiéndoles prevenir un embarazo no planificado o acceder a servicios legales de aborto seguro, claramente establecidos en el Código Penal de la República de Panamá.

Al cierre de 2018, 10 mil 440 embarazadas adolescentes comenzaron control prenatal a nivel público (sólo en instalaciones del Ministerio de Salud), 528 casos más que los registrados en 2017. Asimismo, cifras del Ministerio de Salud, al cierre de 2017 la tasa de muertes maternas fue de 35.44 por cada 100 mil nacimientos vivos, mientras que para 2018 reflejó un incremento, para llegar a 47.6.

Claramente, esta situación lleva a niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades, a buscar alternativas inseguras que ponen en peligro su vida. La mortalidad materna es uno de los problemas de salud pública que enfrenta Panamá y el aborto inseguro es una de sus principales causas.

“El desconocimiento de la población, autoridades judiciales, profesionales de salud y otros sectores vinculados, sobre las opciones que existen para la prevención de embarazos y los aspectos legales que darían acceso a aborto seguro, incluso cuando el embarazo es producto de violencia sexual, se convierte también en un obstáculo en la atención temprana de niñas y mujeres panameñas, que debemos solucionar”, expresa el Dr. Jaime Sánchez, presidente de la Junta Directiva de la SPOG.

“Los casos de las dos niñas embarazadas, de 10 años de edad, son sólo un reflejo de la realidad que vive Panamá desde hace muchos años. Muchos son los casos que no se hacen público. Está claro que, aunque sabemos que los adolescentes incian la actividad sexual más tempranamente, estos casos responden claramente a violencia sexual. Acudir inmediamente en busca de ayuda y hacer la denuncia, es clave en la prevención de embarazos, así como en la posibilidad de acceder a servicios legales de aborto, según lo establecido en la ley y para esto, desde APLAFA hemos considerado poner a disposición de la población general nuestras clínicas para recibir, atender y ayudar en la gestión inmediata de estas situaciones”, comenta -por su parte- Rossana Uribe, presidenta de APLAFA.

Ambas orgnizaciones, como garantes de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer panameña, hacen un llamado a la sociedad en general, a las autoridades responsables, a los profesionales de la salud vinculados en la atención de la población femenina del país, y a todos los involucrados en los procesos que estas requieren llevar a cabo para acceder a servicios legales de atención, a dejar de lado el estigma, actuar tempranamente y conforme a la ley, para dar respuesta real, legal y expedita a esta población.

Aspectos legales del aborto en Panamá El aborto en Panamá es ilegal. El Código Penal tipifica el aborto provocado como un delito en los artículos que van desde el 141 al 143, con pena de hasta ocho años de prisión; no obstante, existen situaciones en las que no es considerado un delito.

Sin embargo, el artículo 144 del Código Penal, permite el acceso a servicios legales y, por ende, seguros, cuando el aborto busca interrumpir un embarazo producto de una violación; o cuando este representa una causa grave de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción (incluyendo malformaciones congénitas incompatibles con la vida).

En el primer caso (por violación), según la norma legal, se necesita que el delito esté en conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo (9 semanas); mientras en el segundo caso, será una comisión multidisciplinaria designada por el Minsa la que determinará las causas graves de salud y autorizará el aborto. En ambos casos, lo debe practicar un médico idóneo en un centro de salud estatal.

Modificado por última vez elMiércoles, 08 Julio 2020 17:05
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